Comentario periodístico: Riesgo o Necesidad

por Jorge Marín Matos

ex–oficial del DSE

 

20 de Septiembre del 2010

 

Foto: Jorge Marín Matos

 

 

La Lucha Armada: Peligro inminente; opción indeseada o solución objetiva y práctica para la transformación política en Cuba.

 

Desde 1965, cuando se capturó el último foco insurgente anticastrista del denominado bandidismo político y que materializara sus actos beligerantes en las montañas de la Isla; la Oposición Interna ha rehusado utilizar la lucha armada como una vía para el cambio o transformación política que plantea para la sociedad cubana.

 

Si Fidel Castro calificó como delincuentes contrarrevolucionarios a aquellos que mediante la ejecución de actos criminales pretendían hacer regresar el país a un régimen de dictadura militar, también es cierto y de bien tomar en cuenta, que las circunstancias actuales de la confrontación política interna en Cuba no está concretada en hechos criminales como se caracterizó al calificado bandidismo político que realizó actos que aterrorizaron las localidades montañosas de la isla y se conocen crímenes contra civiles que debían respetarse bajo leyes internacionales.

 

A partir de los siguientes argumentos tratemos de entender que la lucha armada tiene su comprensión legítima bajo sistemas de dominación que se manifiestan represivos ante las diferentes manifestaciones políticas que no estén ligadas a la doctrina que establece el Estado. Citemos ejemplos:

 

Si ciertamente en Cuba no se materializan actos de barbarie similares a los llevados a cabo en América Latina durante los regímenes militares comprendidos en la década de 1880, también es muy cierto que el Estado Cubano realiza una especial metodología de enfrentamiento a la Oposición Interna y muestra su rígida intransigencia y poca flexibilidad ante la búsqueda de un espacio para la confrontación de ideas. Se someten a medidas represivas toda manifestación contraria o críticas del sistema de gobierno y el implantado socialismo arcaico y dogmático.

 

Otra manera más menos civilizada de la represión política lo es la tutela penológica para varios delitos castigados con la Pena de Muerte y significan una de las muestras claras que el Estado deja a relucir en su manifestación radical. De esta forma el Estado es responsable del inevitable camino hacia la confrontación que encierre una acción de tipo violenta mediante las armas y enmarcada en la pujanza política.

 

¿Qué faltaría entonces?

 

Muchos plantean que es imposible obtener armas en Cuba para llevar a cabo acciones concretas en este sentido. Otros inspirados en las tradicionales normas de lucha plantean otra circunstancia, pues inevitablemente la lucha armada entraña la indoblegable decisión de vencer o morir, siempre que la causa que impulsa a empuñar las armas, sea verdadera.

 

Generalmente la opción de la lucha armada es vista como una respuesta popular ante las circunstancias extremas, donde el combustible principal resulta el quebrantado estado de Derecho y por consiguiente la muerte de personas a causa de actos represivos desatados por el régimen imperante. Como ya se ha escrito, en cuba es otra la forma y estilo para quebrantar el estado de Derecho, incluso aun cuando se trate de privar de la vida a un acusado.

 

Si recordamos los hechos acontecidos en ocasión de un secuestro de embarcación en Boca de Mariel, al Oeste de la Habana, apreciamos que varios jóvenes fueron hallados responsables de un delito de Terrorismo y cuyos actos delictivos concretos en ese caso, dejaron a la luz otros elementos de tipicidad que permitieron apreciar que se estaba en presencia de un clásico acto de Piratería, al  intentar o agotar la acción de secuestrar una nave, desviarla de su ruta y lógicamente tomando rehenes, sin que concurriera la muerte de alguno de estos.

 

Entiéndase que el Estado en su desesperada reacción pretendió un escarmiento para frenar lo que pudiera considerarse un ejemplo a seguir por otras personas de tendencias delincuenciales y así ejecutó la pena de muerte para los acusados en solo pocos días de iniciado el proceso penal y bajo el delito de Terrorismo, aspecto que dejó bajo cuestionamientos a las mínimas garantías procesales establecidas en ley.

 

Por otra parte compréndase que la isla tiene un quebrantado estado de Derecho manifestado, entre otras maneras, en las represalias a las diferentes tendencias de Oposición Política Interna que hasta el momento resultan cívicas.

 

¿Serían estas otras razones para desembocar en la indeseada la lucha armada?

 

Continuemos más allá de lo ya señalado y emprendamos un nuevo análisis o punto de vista para ver si logramos ser más objetivos en las causales y condiciones que se materializan en la convulsa situación política dentro de la isla.

 

Si estudiáramos otros hechos de Terrorismo como fueron los actos realizados por Raúl Ernesto Cruz León, ciudadano de origen salvadoreño que durante la segunda etapa de la década del 90, llevó a cabo actos de tal naturaleza contra instalaciones hoteleras en la Habana, provocando la muerte en la persona de un turista italiano; vemos que este acusado reúne en su actuar delictuoso todos los elementos de tipicidad para contemplarse el delito de Terrorismo en su figura más agravada y de manera inexplicable e igualmente tratándose de una oleada de planes que quedaron al descubierto en varios procesos investigativos seguidos contra otras personas de origen Guatemalteco; vemos además como no se pretendió escarmiento alguno mediante proceso sumario hacia la ejecución de una sentencia de pena de muerte.

 

Los intereses políticos del Estado estuvieron en juego sobre la mesa del análisis que la dirección del país habría hecho previamente y entorno a la vida del terrorista extranjero, pero la vida de este pesó mucho más que la de varios jóvenes cubanos que buscaban de la forma inadecuada, llegar a los Estados Unidos, incluso manteniéndose por el propio Estado, el criterio de que la motivación delictiva de los acusados era puramente económica, o sea pretendían llegar a Estados Unidos por asuntos económicos. Ni siquiera el propio Estado cubano expresó que se trataba de un secuestro político o un vulgar acto de delincuencia contrarrevolucionaria como acostumbra a calificar, porque claro estaba, no lo era. Si apreciáramos la diferencia que se le dio a un caso con respecto al otro, encontraríamos espacios o lagunas para encausar un cuestionamiento ante el monitoreado estado de Derecho.

 

Pero aun persisten otros ejemplos: La llamada Primavera Negra que comprendió las múltiples detenciones y la ola represiva del Estado Cubano contra dirigentes de la disidencia pacifica y reporteros independientes, bajo la tutela penológica de la Ley 88 o como muchos la califican: Ley Mordaza, podríamos observar que las penas de privación de libertad fueron excesivas y comprendieron entre los 16 y 28 años de privación de libertad. Entiéndase que es toda una vida en prisión, que bien pudiera terminar con la muerte en cautiverio si tenemos en cuenta las precarias condiciones de vida de la población penal del país. Sumémosle a ello la falta de consideración como presos políticos, mezclados  y hacinados con las peores lacras sociales que conforman parte del ambiente delictivo carcelario, muchas veces utilizados por la Seguridad Cubana para hostilizar mediante medidas activas, la vida de los prisioneros de conciencia en cautiverio. Ni siquiera bajo las normas antijurídicas que caracterizo al régimen de Batista como dictadura militar se devaluó tanto la condición de preso político. Esta afirmación la recoge la historia basándose en las condiciones dadas como presos políticos a los asaltantes al cuartel Moncada. Si analizáramos objetivamente todo lo expuesto y sus circunstancias nos preguntaríamos:

 

¿Están o no, los sectores de la Oposición Pacífica, acorralados por el Estado hacia un desenlace enmarcado en acciones armadas?

 

Quizás la respuesta sea afirmativa después de un análisis donde se evalúen todas las circunstancias. Sin embargo, pese a todo, muchos disidentes se alejan de esta tendencia, incluso periodistas o reporteros independientes tratan de omitir en sus artículos cualquier verbo u adjetivo que se interprete a fin a una manifestación de lucha armada como necesidad para el cambio político en Cuba.

 

Dejemos claro que no se trata de incitar a la guerra o lucha interna donde concurran las armas, si no de denunciar, de alertar el especial peligro al que es arrastrada la confrontación cívica ante un sistema dogmático que aplica escarmientos bajo penas inhumanas de privación de libertad y lo que es peor aún: la pena de muerte, que si bien reguló su aplicación, igualmente es cierto que mantiene la sanción en el texto legal.

 

Los disidentes se atrincheran en el criterio de que mediante la confrontación armada no se llegaría al triunfo que entrañe el cambio político deseado, y es cierto, dada la correlación de fuerzas y las circunstancias objetivas y subjetivas que quizás no estén creadas, pero es igualmente apreciable que una acción armada de relevante connotación política pudiera llevar al Estado a un plano de consideración, necesario para el entendimiento político interno.

 

Tomemos entonces algunos aspectos que conforman artículos y reportes de la propia prensa libre o independiente de Cuba al denunciar que la disidencia interna, así como los presos de conciencia son objeto de: represión, persecución, abusos, amenazas, agresiones por parte de estructuras militares y paramilitares del Estado, y como comúnmente señalan: terror. Con frecuencia puede leerse en los artículos estos adjetivos en una prensa que comprende diarios que aspiran notable prestigio público.

 

Entonces preguntémonos otra vez, analizando este último señalamiento y tomando las propias publicaciones como ejemplo.

 

¿Son o no razones suficientes, aunque indeseadas, para arrastrar la confrontación interna por el sendero de la acción armada en pos de un espacio político cívico?

 

Resulta evidente el riesgo, pero muchos opinan que el precio a pagar puede ser elevadísimo y necesitaría un elemento básico y necesario: Que la conciencia política sea profunda y sólida, que la causa o razón sea verdadera, que se base en criterios sociales de cambios para el mejoramiento socio económico y político en virtud de la conciencia social y el bienestar del pueblo y que igualmente implique la tamaña responsabilidad de vencer o morir.

 

Estos elementos quizás no sean apreciados de la misma manera o con tal romanticismo político, por una disidencia estructurada por hombres maduros en edad, pero el proceso de lucha cívica persistiría y como ley general de la vida las generaciones suceden a las otras y la juventud es más escalofriante por sus impetuosos criterios y reacciones enérgicas, vista con proclividad de entrar de lleno a jugar un papel decisivo dentro del dilema político interno, incluso aun esgrimiendo tendencias sociales socialistas.

 

Es por ello que este artículo intenta alertar la especial proclividad de que sea arrastrada la confrontación cívica por el camino de las acciones armadas, responsabilizándose al Estado de lo que de ello se derive, y entiéndase nuestra intención en el profundo y honesto razonamiento hacia la búsqueda y la incansable solicitud de un espacio para la confrontación de ideas. Donde puedan debatirse los reclamos de la nueva generación y las ideas que experimentan para un futuro inmediato.

 

Entre la población cubana es agotador el mismo escenario de lucha política y la amenaza de un enemigo milenario, la gente anhela vivir de una nueva y mejor manera, con sus nuevas ideas y ya dejando atrás los mismos argumentos que han servido de telón sobre los problemas internos que van más allá de la paranoia sobre el peligro de ser atacado o invadido por algún enemigo externo. La gente en Cuba quiere vivir y poner sobre la mesa sus sueños.