martes, 21 de septiembre de 2010

Amenazan con apresar a la periodista independiente Dania Virgen Garcia

por Jorge Marín Matos


20 de Septiembre del 2010


Ya por necesidad o por tradicional intransigencia, la Seguridad del Estado intenta imponer condiciones de negociación para que el recluso José Ángel Luque Álvarez se incline al cese de su huelga de hambre que alcanza ya los 46 días. ¿Será que políticamente otro fallecido colmará la copa? ¿Será que el costo político pudiera ser elevado?


Recientemente Florentina Machado, esposa del huelguista denuncio que las autoridades habían hecho caso omiso ante sus reclamos y dejaron a clara luz una postura que evidencia nuevas y oscuras pretensiones. Seguridad del Estado emitió, según Florentina, un pronunciamiento radical: el oficial identificado por el nombre de Frank aseguró que si el recluso aceptaba negociar el levantamiento de la huelga entonces tendrían la oportunidad de arremeter jurídicamente contra la periodista independiente Dania Virgen García, para quien pronostican una sanción de veinte años de privación de libertad, tras ser tildada de agitadora e igualmente culpada por haber enviado reiteradas noticias sobre el caso de Luque hacia los medios de difusión extranjeros.


Se hace evidente malintencionada pretensión, si tenemos en cuenta que tiempo atrás, la propia periodista fue encarcelada por un delito poco esclarecido de Ejercicio Arbitrario de Derechos. El tribunal la sancionó a un año y ocho meses de privación de libertad tras hallarla culpable. Los hechos se sustentaron en una acalorada discusión familiar.


Sin embargo la práctica jurídica de los tribunales populares demuestra para esta conducta habitual racionalidad y solo en casos extremos la medida impuesta corresponde a la privación de libertad. Con ello es apreciable que la llamada racionalidad política de la que tanto se habla en cuanto a la adecuación de la sanción penal, fue poco contemplada ante la reportera.


Qué pasaría ahora con la amenaza abierta de: según la postura del huelguista, según las condiciones de libertad de alguien cuya conducta penal se sustenta en divulgar, dar a conocer, reportar hechos que diferentes medios de difusión han aceptado como noticia.

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