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por Dania Virgen García
Bloguera y Periodista Independiente
27 de julio de 2011
Yusney Rivero Peláez acusa a la policía nacional, la Dirección de la Vivienda Municipal y Provincial, el Partido Comunista y el Consejo de Estado de confabularse para expulsarla de la vivienda en Marianao donde vivía desde hacía 12 años y trasladarla a la fuerza a Sancti Spíritus.
Rivero Peláez vivía en 71 número 11610, entre 116 y 118, en Los Ángeles, Marianao, desde el años 1999, junto a su ex-esposo, Duviel Cabrera Expósito y sus dos hijos, Yosvana de 9 años, y Yohandri Duviel de 8.
Después de divorciarse, Yusney Rivero y sus hijos continuaron viviendo en la casa, que se encuentra a nombre del tío de los niños, José Rafael Expósito Morales, quien reside fuera de la morada desde hace varios años con su madre, porque ambos realizaron una supuesta permuta para la provincia de Sancti Spíritus.
El 18 de julio a las 8 de la mañana, se personaron en la casa alrededor de veinte miembros de la Dirección Municipal de Vivienda, al frente de los cuales se encontraba Barbará Greta Rodríguez, Jefa de Enfrentamiento, para desalojar a Yusney y sus hijos. Apoyados por efectivos de la policía, montaron todas las pertenencias de Yusney en un camión.
A las 8 de la noche del mismo día, la mujer y los niños fueron conducidos por la funcionaria Bárbara y la policía para la terminal de trenes. Allí fueron obligados a montar en un tren rumbo a Sancti Spíritus.
El día 19 a las seis de la mañana, Yusney Rivero llamó a esta periodista para denunciar que había sido engañada, porque cuando llegó a Sancti Spíritus en la Dirección de Vivienda no sabían de la permuta supuestamente realizada por el señor Gustavo Martín Diéguez Caballero, quien trabaja en Flora y Fauna con el comandante de la revolución Guillermo García Frías.
También Rivero manifestó que sus pertenencias no aparecen por ninguna parte y sus hijos se encuentran en la calle sin comer y sin tener donde dormir.
Yusney Rivero Peláez ha reclamado al Poder Popular, la Dirección Provincial de la Vivienda y el Consejo de Estado. Cuando hizo una llamada telefónica al Departamento 21 de la Seguridad del Estado, un oficial nombrado Abel le comunicó que “ese asunto no les compete a ellos”.
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