por Dania Virgen García
Bloguera y Periodista Independiente
20 de septiembre de 2011
En la recientemente creada provincia de Mayabeque recientemente, sus habitantes se quejan de la mala atención que reciben de los órganos de la PNR, fiscalía, tribunal, DTI, PCC, y Poder Popular.
Estos órganos que son supuestamente los que tienen la responsabilidad de hacer justicia, en realidad están minados por la corrupción.
Producto de negocios ilícitos por parte de funcionarios corruptos, muchos inocentes son sancionados y van a parar a las prisiones sin haber cometido delito.
Cuando los ciudadanos reclaman antes órganos provinciales, que también entran en el negocio ilícito, para no sancionar al corrupto, se toman años en revisar expedientes, y al final los demandantes son engañados por oficiales de la Seguridad del Estado y funcionarios del gobierno.
Se sabe que muchos dirigentes comentan que es mejor que paguen los que ya se encuentran en prisión, que los que verdaderamente hayan cometido el delito.
Muchos hombres y mujeres cumplen años de prisión por delitos que no han cometido. Bastó que un juez pronunciara la palabra convicción. Estos son solo algunos casos que se encuentran en esta situación en la provincia Mayabeque.
Carlos Alberto Pérez Ávila, ciudadano norteamericano, universitario, se encuentra en prisión desde el año 2007, causa 165/2007, por un delito de asesinato. Condenado a treinta años. En respuesta a una revisión de causa que pidió para que se esclareciera su inocencia al fiscal general de la república, el 17 de diciembre 2010, el vice fiscal general, Carlos Raúl Concepción Rangel, aceptó que es inocente.
Roberto González Álvarez, quien lleva más de 36 días en huelga de hambre, fue acusado de haber matado varias vacas y una yegua. En el robo se encuentran involucrados el instructor Rubén Aranda, el jefe del DTI de San Antonio de los Baños, alias Larinza, el jefe de sector alias el Gato. Los fiscales amenazaron a los testigos para que testificaran que González había cometido el delito. Antes habían sido golpeados por los oficiales mencionados. Los vecinos del barrio testifican que González no ha cometido ningún hurto.
Dayán Rodríguez Antoría, se encuentra en la Prisión 1580, en San Miguel del Padrón. Su última huelga de hambre fue de más de los 60 días, en reclamo de su inocencia. Asegura que se encuentra en prisión por un delito que no cometió, en el que están involucrados oficiales del DTI de San Antonio de los Baños. Etián, un oficial de la Seguridad del Estado, le prometió ayudarlo a solucionar su caso y le aseguró que saldría en libertad, y no cumplió su palabra.
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